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22 de febrero de 2017

A 5 años de la tragedia de Once colocan los nombres de los muertos en las baldosas de la estación

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Familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Once de la Línea Sarmiento, el siniestro ferroviario que provocó la muerte de 52 pasajeros del tren Sarmiento hace cinco años, colocaron esta mañana adhesivos sobre las baldosas del andén 2 de la estación con el nombre de los fallecidos y leyeron cartas de usuarios del servicio,

A las 8.32, horario en el que el 22 de febrero de 2012 impactaba una formación del tren Sarmiento en la estación central de Once, se realizó un minuto de silencio en conmemoración de las víctimas y luego se leyeron cartas de usuarios habituales del tren.


En uno de los textos, un usuario del Sarmiento destacó el buen estado actual de los trenes y aseguró que "el costo fue tremendo, la vida de muchos de nuestros compañeros de viaje. Todos los pasajeros saben que lo que tienen es gracias a ellos".

La tragedia de Once dio lugar a un proceso judicial, en cuyo marco el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital condenó a 9 años de prisión a Claudio Cirigliano (titular de la concesionaria ferroviaria TBA), 8 años a Juan Pablo Schiavi (secretario de Transporte al momento del siniestro) y a 6 años a Ricardo Jaime, antecesor en el cargo, entre otras varias condenas.

Además en 2016 la Cámara Federal de Casación -ante la cual se apelaron las sentencias del TOF 2- confirmó que el ex ministro de Planificación Federal (del que dependía la cartera de Transporte) y actual diputado nacional, Julio De Vido, será juzgado por la tragedia ferroviaria por el Tribunal Oral Federal (TOF)Nº 4.DiarioLosÁndes.com

28 de diciembre de 2015

La sentencia por la tragedia de Once

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Familiares de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, que provocó la muerte de 51 personas, se mostraron confiados en que mañana, cuando se dé a conocer el fallo del Tribunal Federal II, habrá condena para los acusados que están siendo juzgados. Así lo auguró María Luján Rey, la mamá de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas, quien dijo tener la “tranquilidad” de que se escuchará en los tribunales “un fallo que, al igual que este juicio, será histórico”.

“Entiendo que será histórico por las condenas. Entiendo que será histórico porque será la señal de que, por lo menos, empieza a ponerle fin a la impunidad”, insistió.


Y completó: “Condenar a los responsables aunque sean funcionarios de un gobierno de turno, aunque estos sean empresarios poderosos, amigos de los gobiernos, me parece que es una señal de esperanza para todos de que la justicia nos iguala, nos pone en un pie de igualdad y que el que comete un delito tiene que dar cuentas y tiene que pagar”.

Mañana, el tribunal integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, leerá la sentencia del juicio que comenzó en marzo de 2014 y que intenta dilucidar responsabilidades por el choque del 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento colisionó en el andén número 2 de la estación terminal Once y provocó la muerte de 51 personas.

Por la tragedia se encuentran imputadas 28 personas, entre ellas los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, para quienes el fiscal de la causa, Fernando Arrigo, pidió 11 años de prisión y 10 años y 10 meses de cárcel, respectivamente, por administración fraudulenta en concurso real con el delito de estrago culposo agravado. Además, se encuentran acusados el ex dueño de TBA Sergio Cirigliano y la cúpula directiva de la empresa y el maquinista Marcos Córdoba.

Consultada sobre el veredicto, Rey dijo sentir “total confianza” respecto a un resultado condenatorio y consideró que existen “pruebas contundentes que tiene el tribunal en sus manos para valorar la responsabilidad de cada uno de los responsables”.

“El día de la sentencia es el momento que esperamos, pero sabemos que no es el fin. Después viene otra lucha. Primero, para enfrentar toda la etapa de apelaciones porque según sean las sentencias o apelarán los condenados o apelaremos los familiares a instancias superiores.” Luego, dijo, será “momento de luchar para que sean sentencias firmes y de cumplimiento efectivo”. “Me atrevo a confiar y tener esperanza que las condenas sean firmes y que cada uno de los condenados cumpla su prisión de manera efectiva”, sostuvo.Página12.com

25 de agosto de 2015

Paolo Menghini: "La reconversión ferroviaria se hizo a partir de los 52 muertos de Once"

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A tres años y medio de la Tragedia de Once, terminaron de declarar este lunes los últimos dos testigos en el marco del juicio oral que investiga el hecho ocurrido el 22 de febrero de 2012, que dejó un saldo de 51 víctimas fatales y 789 heridos.

La querella apunta a una doble responsabilidad por parte del Gobierno Nacional y de las concesionarias frente a las irregularidades en el control de las contrataciones ferroviarias. Estas anomalías que implican una oscura trama de corrupción entre el exsecretario de Transporte kirchnerista, Ricardo Jaime, y  el extitular de Trenes de Buenos Aires (TBA), Claudio Cirigliano.


“Consideramos que está absolutamente probado que la tragedia tuvo que ver con el abandono que se hizo en los trenes por parte del Estado y de los concesionarios”,  dijo a NOVA Paolo Menghini, padre de una de las víctimas fatales. Su hijo, Lucas, se encontraba en uno de los vagones de la formación de la línea Sarmiento que chocó con el andén de  la estación “Once de septiembre”.

La condena que se espera es por el delito de estrago doloso seguido de muerte, “ya que existió un abandono con absoluta conciencia de lo que podía generar, llevado adelante por los funcionarios del Gobierno nacional, los hermanos Cirigliano y los gerentes de la línea”, agregó.

En este sentido, si bien desde el Ejecutivo intentaron desde el primer momento deslindarse del incidente –y acusaron a los medios de influenciar la opinión de víctimas y familiares- los denunciantes sostienen que  tiene una inherente participación en el choque mortal: “Los trenes nunca dejaron  de ser estatales: el servicio estaba concesionado, con un contrato que debería haber sido supervisado para que se cumplan las normas de seguridad, inversión y cuidado al pasajero. Si esto lo hubiese hecho el Gobierno Nacional, probablemente la tragedia se hubiera evitado”, disparó Menghini. 

En tanto, el padre de Lucas recordó la condonación del gobierno kirchnerista a las multas de la empresa TBA “que permitieron mantener la concesión”. “El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime tiene causas pendientes con la Justicia por enriquecimiento ilícito de todo orden, incluso hay un juicio penal por dádivas recibidas por los hermanos (Mario, Roque y Sergio) Cirigliano: se trata de un contexto de corrupción muy grande que queda demostrado”, afirmó.

Con respecto a las consecuencias del juicio oral que se lleva a cabo, Menghini opinó que el primer efecto del lamentable episodio fueron los cambios producidos en la industria ferroviaria: “Aunque el Gobierno nunca haya asumido como tal, la reconversión ferroviaria con los trenes nuevos que compraron fue a consecuencia de los 52 muertos de Once: no fue una política de Estado ni una política que se haya definido de ninguna otra manera”, explicó.

“El Gobierno tuvo todo el tiempo y dinero para encararlo, pero decidió hacerlo cuando 52 personas murieron arriba de un tren. Tampoco reconoce la responsabilidad en la tragedia, que para nosotros está absolutamente demostrada”, insistió.

“Lo que esperamos es que a partir de ahora es que gobierne quien gobierne, los encargados de llevar adelante políticas públicas tengan conciencia de que nada bueno sale de los negociados entre los poderes políticos y económicos, y que el Estado tiene que mantener  un control férreo sobre  las concesiones que se hagan, sin ningún tipo de  contemplaciones. Y si hay que sacar concesiones, se sacan y se penalizan.  Esperamos que nunca más la corrupción entre en los despachos y deje librado a su suerte a los usuarios y a los ciudadanos en general”, concluyó.

Los imputados

El juicio oral que investiga las responsabilidades en el choque comenzó en marzo de 2014.  Con las dos declaraciones del lunes habrá pasado por este proceso un total de 216 testigos de los 376 aceptados (el resto fueron desistidos o dados de baja). Se trata de una etapa definitoria, ya que una vez que se hagan algunas ampliaciones declaratorias solicitadas, se pasa a los diez días hábiles previos a los alegatos.

El proceso es encabezado por el Tribunal Oral Federal N° 2 de la Capital, integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D'Alessio, esta última en calidad de jueza sustituta. Según informó el Centro de Información Judicial, se encuentran imputados Sergio Claudio Cirigliano, Marcelo Alberto Calderón, Carlo Michele Ferrari, Carlos Alberto Lluch, Sergio Daniel Tempone, Jorge Álvarez, Guillermo Alberto D’Abenigno, Jorge Alberto de los Reyes, Alejandro Rubén Lopardo, Carlos Esteban Pont Vergés, Daniel Fernando Rubio, Víctor Eduardo Astrella, Oscar Alberto Gariboglio, Francisco Adalberto Pafumi, Pedro Roque Rainieri, Roque Ángel Cirigliano, José Doce Portas, Juan Pablo Schiavi, Ricardo Raúl Jaime, Antonio Guillermo Luna, Pedro Ochoa Romero, Laura Aída Ballestero, Antonio Marcelo Ricardo Suárez, Miguel Werba, Daniel Guido Lodola, Luis Alberto Ninoná, Antonio Eduardo Sícaro, Marcos Antonio Córdoba y Mario Francisco Cirigliano.

De acuerdo al requerimiento fiscal de elevación a juicio se les imputa a todos, a excepción de Córdoba, los delitos de defraudación contra la administración pública (previsto por el artículos 174 -inciso 5°- en función del 173 -inciso 7°- del Código Penal) y descarrilamiento culposo (196 -primer y segundo párrafos-). Según el Código Penal, esos delitos tienen una escala de pena de 2 a 6 años de prisión y de 1 a 5 años de prisión, respectivamente.NOVAArgentina.com

22 de octubre de 2014

La Justicia dictó la quiebra de TBA

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La jueza Paula María Hualde confirmó a INFOnews que hoy dictó la quiebra de Trenes de Buenos Aires y peligran las indemnizaciones de las víctimas y familiares de la tragedia de Once.

La titular del Juzgado Comercial Nro. 9, Paula María Hualde, dictó hoy la quiebra de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que tenía a cargo las líneas ferroviarias Mitre y Sarmiento hasta que sucedió el accidente de Once en febrero de 2012.

La noticia trae serias dudas respecto del cobro de indemnizaciones de los familiares y víctimas de la tragedia de Once. Se estima que el monto final que se debía abonar son unos 1.300 millones de pesos.


TBA se encontraba en convocatoria de acreedores desde el año 2005 y esta situación le permitió pagar menos o evadir el pago de otras indemnizaciones por accidentes en sus líneas que llegaron a juicio.

La jueza de la causa confirmó a INFOnews la quiebra y, consultada por la situación de las víctimas, expresó que "es una situación muy delicada" y no quiso formular mayores precisiones.

La voz de los familiares de la tragedia

Tras haberse conocido la quiebra de TBA, María Luján Rey consideró que esto “no afecta directamente a los familiares porque TBA tenía un contrato de concesión, un seguro que cubría indemnizaciones y el resto era por cuenta del Estado”. “Los responsables son de ambos lados”, dijo en referencia a la empresa y al Estado.

La mamá de Lucas Menghini Rey aseveró, de esta forma, que no es una preocupación la quiebra de TBA sino que el objetivo está centrado en el juicio penal. “Nosotros queremos el castigo penal, queremos la justicia que nos va a otorgar el juicio oral y público. La demanda civil vendrá en otro momento”.


Sobre esto, remarcó que no tiene dudas de que “este juicio establecerá el grado de responsabilidad de cada uno de los enjuiciados” y afirmó que, con la presencia de más de 100 testigos, “quedó comprobado cómo se manejaba el servicio ferroviario, cómo se manejaba TBA y cómo sacaban los trenes sin un mantenimiento suficiente”.InfoNews

30 de septiembre de 2014

Juicio por Once: expulsado Dalbón se profundizó la interna sindical entre La Fraternidad y la UF bordó

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Tras estar suspendido por un escándalo entre abogados, ayer volvieron las audiencias. Duras críticas de Gregorio Dalbón, que patrocina a familiares de víctimas. El rol del sindicalismo en las declaraciones de sus trabajadores y la guerra de acusaciones cruzadas. Todavía deben declarar 200 testigos.

Se reanudaron esta semana en los tribunales federales de Comodoro Py las audiencias del juicio por el accidente ferroviario de Once, con declaraciones de testigos que pusieron en evidencia la puja sindical entre los conductores del gremio La Fraternidad, seccional Haedo, liderados por Ernesto “gallego” González y los trabajadores del Taller Castelar que responden al sector bordó de la Unión Ferroviaria liderado por los delegados gremiales Rubén Sobrero y Edgardo Reynoso.

Dr. Gregorio Dalbón que patrocina a familiares de víctimas

El juicio oral y público por el accidente de Once se reinició tras una breve suspensión derivada del incidente entre abogados querellantes y defensores, que culminó en la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de expulsar al querellante Gregorio Dalbón de las audiencias y delegar la defensa de sus clientes en sus dos socios: Antonio García y Virginia Cassola.

El TOF 2 está integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D’Alessio, esta última en calidad de jueza sustituta. Las últimas audiencias que fueron las más conflictivas con expulsiones, apercibimientos y sanciones incluidas están siendo presididas por el juez Giménez Uriburu.

A primera hora de la mañana Dalbón improvisó una conferencia de prensa en la puerta de la sede judicial con duras críticas al Tribunal oral que lo expulsó del juicio y a las actuaciones hechas en la instrucción de la causa llevada adelante por el Juez Claudio Bonadío. El abogado dijo que responderá con denuncias por abuso de autoridad, discriminación e incumplimiento de deberes de funcionario público contra los jueces del TOF 2.

“Es un abuso de autoridad alevoso del Tribunal, no se bancan que ponga huevos y me meta con la mafia sindical” disparó Dalbón en las puertas de Comodoro Py. Tras ello, se acercó con un escribano hasta la oficina del TOF 2 en el sexto piso, donde le notificaron que si bien la resolución que lo sancionó no estaba firme los jueces no le iban a permitir concurrir a la sala de audiencia.

Dalbón había adelantado públicamente que como la resolución no estaba firme, pensaba presentarse en la sala de audiencia. Ello a pesar de que el Tribunal había anticipado que podría usar la fuerza pública si desobedecía la orden de no presentarse.

Ante posibles incidentes derivados de las declaraciones del abogado, el lunes la seguridad se reforzó con diez policías de la Guardia de Infantería que se ubicaron con escudos en el pasillo de acceso a la sala de audiencia, en el subsuelo de Comodoro Py 2002. Una escena intimidatoria que nunca se había dado en el juicio.

“Este abogado los está molestando. Es una vergüenza, esto es inédito en el país, en la historia. Evidentemente, la verdad les molesta mucho”, afirmó Dalbón quien además  anunció que pedirá revertir la medida y que se le permita el acceso ya que considera que hubo “prejuzgamiento” por parte del Tribunal. “Quizás políticamente esto esté armado”, dijo también el abogado.

Finalmente, Dalbón no ingresó a la sala de audiencias, donde el juicio se reanudó en forma pacífica y comenzaron a declarar como testigos los conductores de trenes de la Línea Sarmiento pertenecientes al gremio La Fraternidad propuestos como testigos por el Ministerio Público Fiscal y por la abogada Valeria Corbacho defensora del principal imputado: el joven motorman Marcos Antonio Córdoba.

Ante la negativa del TOF 2 de permitir la presencia de Dalbón en la sala de audiencias, los abogados que habían quedado al frente de la querella mayoritaria (García y Cassola) decidieron retirarse del recinto en clara actitud de protesta y como una señal de planteamiento de nulidades a futuro. También abandonó la audiencia a media mañana el abogado defensor Mariano Fragueiro Frías que había sido sancionado por el Tribunal debido al incidente suscitado por la curiosa presencia del subcomisario Mariano Cousteau dentro de la sala de audiencias.

En el debate iniciado con la declaración testimonial del motorman Carlos Alberto Palacio y luego de Juan Facundo Matías Aiger se vivió un nuevo capítulo que puso en escena la feroz interna sindical entre los gremios La Fraternidad y la Unión Ferroviaria por las tareas de mantenimiento realizadas a los coches eléctricos Toshiba dentro del Taller Castelar que controla la Seccional Oeste de la UF, liderada por Sobrero y Reynoso.

El delegado Edgardo Reynoso ya había quedado en el centro de la escena meses atrás cuando acompañó a prestar declaración testimonial a los guardas Miguel Jerónimo y Patricio Juárez quienes fueron detenidos y acusados de presunto falso testimonio por sus contradicciones y reticencia a contestar preguntas. Ahora, los dos guardas que fueron a declarar acompañados por Reynoso deberán enfrentar juicios paralelos por falso testimonio, en los que podrían recibir hasta diez años de cárcel.

En aquella oportunidad, una vez finalizada la audiencia, Dalbón escribió en su cuenta de Twitter: “#ONCE El guarda de Andrada preso por falso testimonio. Siempre dije que fueron los sindicatos y los motorman. Todos procesados. Querés más” y luego añadió “#ONCE La Unión ferroviaria y La Fraternidad impunes por Claudio Bonadio. Y vengan que les daré batalla. Porque: “La Verdad es inevitable”.

Durante la audiencia, que por momentos se tornaba muy reiterativa y circular con la reiteración sistemática de las mismas preguntas formuladas por el fiscal Fernando Arrigo a los testigos, se evidenció la directiva establecida por la base Castelar que lidera el “gallego” González, quien se encuentra enfrentado a la conducción nacional del gremio liderado por Omar Maturano, contra las tareas de mantenimiento y alistamiento que realiza el personal del Taller Castelar.

“Había que reiterar los pedidos de revisión al taller porque los trabajos no estaban bien realizados y las falencias persistían. A veces decían que no podían efectuar las reparaciones y se cancelaban los trenes. Arreglaban las ventanillas así nomás y los pisos con chapas. No funcionaban ventiladores ni calefacción. Los furgones no tenían ventanillas. Si se detectan inconvenientes con el funcionamiento o el jefe de tren avisa de irregularidades se pide cambio de equipo y se envía el tren al Taller”, fueron algunas de las frases que se escucharon en la audiencia a modo de reclamo.

La extensa jornada de ayer se cerró cerca de las 20.30 horas con la declaración de Walter Francisco Schafer, motorman del ferrocarril Sarmiento, quien también manifestó el poco apego a las tareas de mantenimiento que mostraban los trabajadores del Taller Castelar en cuanto a la reparación de burletes, ventanas, pisos, luces y demás problemas suscitados en las formaciones ferroviarias, como así también la preponderancia que el Taller Castelar poseía sobre las decisiones inherentes a la continuidad o no del servicio, en caso de reclamos por parte de los motorman.

El concepto de “tren dominado” fue otro mensaje que trasmitieron los motorman que declararon en la jornada 43, más allá las particularidades de cada uno para llevarlo a cabo en el momento de frenar el tren en una estación.

—¿Por qué no desconectaría el sistema de “hombre muerto” en movimiento?— lo interpelaron a Schafer.

—Tengo que proteger la seguridad de todos los pasajeros y la mía.

—¿Y hacerlo atenta contra la seguridad?

—Sí.

—¿Por qué?

—Porque si yo me desmayo, ¿quién para ese tren?— se preguntó el testigo.

Los tres motorman que declararon dejaron una sentencia en común: jamás desactivarían el sistema de “hombre muerto” con el tren en movimiento. “Aprovechaba para descansar la mano en las estaciones”, dijo Walter Schafer. “Sólo lo hacía en las estaciones”, coincidió Aiger.

Lo mismo describió el primero de los testigos de la extensa jornada de hoy, Carlos Palacio. Ante la pregunta sobre si desactivar el sistema de hombre muerto con el tren en marcha es una maniobra incorrecta, no dudó en la respuesta: “Sí”.

Los tres condenaron elípticamente la determinación de Marcos Córdoba, quien prescindió de esa modalidad de emergencia desactivando el freno de “hombre muerto” antes de su ingreso a la estación de Once el 22 de febrero de 2012.


Por el accidente de Once, se encuentra imputado el motorman Marcos Córdoba por el delito de descarrilamiento culposo (art. 196), con pena de 1 a 5 años de prisión, junto a otras 28 personas, entre ellas los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el ex interventor de la CNRT Eduardo Sícaro, el ex Subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna y los directivos del grupo empresario que tenía la concesión del ferrocarril Sarmiento.LetraP

20 de octubre de 2013

FAMILIARES DE LA TRAGEDIA DE ONCE CULPAN AL GOBIERNO POR EL NUEVO CHOQUE

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Pidieron “no estigmatizar a los conductores dejándose llevar por el discurso oficial”, aunque resaltaron “sancionar a quienes nos exponen en cada viaje”.

Familiares de las víctimas y sobrevivientes de la tragedia de Once, del 22 de febrero del 2012, en donde murieron 51 personas, responsabilizaron, a través de un comunicado, al Gobierno Nacional por el nuevo accidente que ocurrió esta mañana en la Estación de Once.

“La realidad nos ha dado la razón en junio en Castelar, y ahora una vez más en el maldito andén 2 de la terminal de Once. Y decimos tragedia, porque aún sin víctimas fatales, es lo que sucedió este sábado de octubre”, dice el escrito.


“Es una tragedia viajar sin seguridad y que un parachoques de andén sea inservible; es una tragedia depender de la suerte y no estar amparados por una estructura que prevenga lo sucedido. También lo es tener a repudiables genuflexos del poder que sin el mas mínimo empacho, y lo que es peor sin pruebas, adjudican irresponsablemente lo sucedido al terreno de un atentado pre-electoral“, agregaron.

En tal sentido, sostienen que también “es una tragedia sentir que tanto trajinar arrastrándonos por el dolor no alcanza para evitar que otros sufran lo que vivimos desde hace más de un año y medio”, y recalcaron que “no son necesarios cadáveres para vivir un desastre”.

En ese marco, responsabilizaron directamente al Gobierno nacional, al que acusaron de pretender “olvidarse que todo lo que pasa sobre las vías es su responsabilidad, sea en las estructuras, o con el personal que presta servicio, porque todo depende del Ministro del área”.

Asimismo, pidieron al juez Ariel Lijo que “trabaje con rapidez y eficiencia, que no sea permeable ni a las presiones corporativas ni del poder político, y que las responsabilidades queden bien claras porque la sociedad lo necesita. Sean las de quién sean”.

Con respecto a los ataques e insultos que sufrió el maquinista por parte de algunos pasajeros, los familiares reclamaron “no estigmatizar a los conductores dejándose llevar por el discurso oficial cuyo único objetivo es potenciar una guerra de pobres contra pobres”, aunque resaltaron que hay que “rechazar, denunciar y sancionar a quienes nos exponen en cada viaje”.

En el comunicado, los familiares aseguraron que durante el 22 de mayo de este año, mientras realizaban un acto por cumplirse un nuevo mes del accidente, verificaron que la formación chapa 5, protagonista del choque de hoy, tenía problemas para frenar, lo que generó en ese entonces, discusión entre un familiar y el maquinista de turno.


“A los familiares de víctimas y heridos nos toca todo eso, y más. Porque una tragedia previsible (cuyo primer responsable sostenemos que es el Gobierno Nacional) nos destrozó la vida, porque la revivimos cada día, y porque quedamos en carne viva cada vez que se repite una tragedia anunciada. Otra tragedia, más dolor para una Argentina que sigue sufriendo sobre las vías”, concluye el documento.LaFraternidadweb