18 de agosto de 2017

Lamentable error conceptual. Una política equivocada

Nota de Opinión

Por: Ing. Román Ballesteros (*) (Para Crónica Ferroviaria)


Mediante Decreto Nro. 652/2017 de fecha 14 de Agosto de 2017 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado en el Boletín Oficial del día de la fecha, el Presidente de la Nación decreta lo siguiente:

Artículo 1º.- Delégase en el Ministro de Transporte de la Nación la facultad de clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias.

Artículo 2º.- Los rieles, durmientes, aparatos de vías y el resto de los bienes muebles que compongan la infraestructura ferroviaria que se encuentra ubicada en el sector que se resuelva remover, quedarán en poder de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, conforme lo establecido por la Ley Nº 26.352 y sus modificatorias.

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Guillermo Javier Dietrich.

Análisis integral del Decreto

Queda para la reflexión lo siguiente. 

Lo que no expresa este Decreto del Poder Ejecutivo Nacional es ¿qué está planificado por el Gobierno en este asunto y qué es  lo que se va a hacer con los terrenos ferroviarios?, puesto que en muchos lugares del país son muy valiosos y que por consiguiente quedarán ociosos por el levantamiento de las vías y otros elementos de la infraestructura. Tampoco se dice nada, si serán o no vendidos y en caso positivo, si ese dinero irá al rubro ferrocarriles para las futuras inversiones o si será para cubrir "otros gastos" como sucedió en los años 90 del siglo pasado.

Para la historia. "Tren de los Pueblos Libres" (Pilar (Argentina) - Paso de los Toros (Uruguay) y Tren de pasajeros Basavilbaso - Concordia - Basavilbaso de la Línea Urquiza. Cruzada en                                                               estación San Salvador

Llama poderosamente la atención el contenido y el objeto del Decreto, su implementación y lo más grave, su oportunidad de aplicación. Pareciera que hay un error conceptual en su objeto final. Cabe la duda finalmente si esto es parte de una política de estado o responde a fines políticos unilaterales del partido de gobierno, sin la necesaria y merecida participación del Pueblo de la Nación, propietario indiscutido del patrimonio nacional en cuestión.

En el primer caso cabe pensar en que si es una decisión política de Estado, esta no ha sido expuesta debida y oportunamente a la opinión pública. Mucho menos ha tomado participación el Poder Legislativo de la Nación, órgano natural para decidir y resolver sobre este asunto tan estratégico. 

En caso de la segunda cuestión, cabe reflexionar seriamente si esta acción unilateral ha sido una lamentable y errónea decisión del partido gobernante, resultado de una contingencia electoral que afecta gravemente a la sociedad argentina en su conjunto.

De ambas formas, surge una común respuesta: el PEN comete un despojo al patrimonio nacional sin ninguna justificación ni fundamentos, salvo la consabida impericia burocrática de “amputar” un órgano del Estado para cerrar un déficit mal conducido.  

En relación al asunto que tratamos en esta nota, resulta necesario recordar que se ha dicho en esta materia que lo que el actual PEN debiera priorizar en su gestión de los transportes de la Nación es su racional coordinación y eficiencia multimodal, a los fines de optimizar su funcionalidad, dentro de lo que compete a la organización del Estado. En este particular, resulta necesario exigir que el Poder Legislativo se ocupe de los problemas atinentes a los bienes de la Nación y de su pueblo. 

Por último corresponde cuestionar los fundamentos del Decreto de marras, en cuanto a no es posible convalidarlo cuando sostiene desatinadamente que contribuye a “lograr la utilización de los recursos públicos con miras a una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos, focalizando su accionar en la concreción de resultados que sean colectivamente compartidos y socialmente valorados" (sic).

(*) Integrante del Centro de Ingenieros de Córdoba 

3 comentarios:

  1. Estimado Román: este decreto solamente delega en el Ministro de Transporte de la Nación, la autoridad de sacar de funcionamiento vias de transporte nacionales, la que, hasta hoy, era una responsabilidad exclusiva del Presidente de la Nación.
    Saludos su amigo Maurizio

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  2. NO PUEDE DELEGARSE EN UN FUNCIONARIO DE TURNO LA POTESTAD DE LEVANTAR, QUITAR, CLAUSURAR VÍAS DE ACUERDO A SU CRITERIO E INTERÉS...ESO VA EN CONTRA DE LOS INTERESES DEL FERROCARRIL Y LA NACIÓN...LAS VÍAS, ESTACIONES Y ANEXOS SON PATRIMONIO DE TODOS LOS ARGENTINOS, Y POR DECRETOS SIMILARES A ESTE YA SE HAN PERDIDO DEMASIADO...EXIGIMOS LA ANULACIÓN DEL DECRETO YA!!!!

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  3. la realidad es que desde 1955 todos los gobiernos sin excepción alguna han contribuido a la destrucción del ferrocarril
    durante el gobierno justicialista del Sr Menem esto alcanzó su punto máximo...
    los gobiernos posteriores no hicieron nada para reactivar el ferrocarril
    el kirchnerismo solo hizo promesas de campaña tardías y algunas obras que en los hechos precariamente aún más el sistema y después de una tragedia que dejó decenas de muertos...
    del gobierno actual de "Cambiemos" no hay que esperar nada bueno solo malas noticias...
    el señor Dietrich es un agente del transporte automotor y si por el fuera tampoco habría subtes en la CABA ni trenes en el Conurbano
    la proliferación de un sistema como el metrobus que solo trae atraso y subdesarrollo demuestra cuales son las intenciones de esta gente

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